El próximo 29 de Diciembre entrará en vigor la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI – 56/2007), cuyo artículo 2 supone según todos los especialistas, el empuje definitivo para el despliegue de la Firma Electrónica y el DNI-electrónico en España. Muchas son las empresas que están obligadas a partir de esa fecha a cumplir con la Ley. No solamente las grandes empresas que ofrecen servicios relevantes a los ciudadanos; también aquellas que superen una facturación de seis millones de euros, o cuenten con más de cien trabajadores en plantilla.
Actualmente, a través del plan Avanza, se están ofreciendo también a las Pymes de diversos sectores la posibilidad de subirse a este carro, por medio de diversas plataformas que simplifican el acceso de este tipo de empresas a dichas tecologías. La contratación del servicio como SaaS, permite una entrada a este tipo de soluciones sin complicaciones técnicas, ni barreras económicas que dificulten su despliegue.
Sin embargo, aunque aún no existen cifras detalladas, la sensación es que estos proyectos aún no han logrado “convencer” al mercado, a pesar de las facilidades económicas que ofrecen gracias a las ayudas públicas, y a pesar también de la inminente entrada en vigor de la LISI.
¿Qué le ocurre al sector privado? ¿Seguirán siendo las diferentes administraciones públicas las que lideren este proceso? ¿O deberán ser las grandes empresas, las que obliguen a sus proveedores a ponerse al día? Tras el verano, con las bajadas de las temperaturas, los expertos nos auguran que el ambiente comenzará a caldearse. Ya viene siendo hora.
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